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Por Redacción ChatArgentina · 29/08/2026
Los últimos diez años mostraron una relación estrecha entre la normativa laboral y los indicadores de empleo, desempleo y seguridad social. Cada gobierno implementó medidas que dejaron huellas visibles en la actividad productiva y en la financiación del sistema previsional. Durante 2015‑2019, bajo la coalición Cambiemos, se aplicaron reducciones de cargas patronales y el decreto 814/01 diferenciaba los porcentajes de contribución. Entre 2019‑2023, el Frente de Todos mantuvo la política de disminuir el costo laboral, mientras que desde 2023 la gestión de Libertad Avanza estudia redirigir recursos del impuesto a débitos y créditos bancarios, originalmente destinado a ANSES hasta 2027. Un rasgo constante fue la recaudación de la seguridad social por debajo de la inflación en cada período. Los salarios reales se mantuvieron por debajo del índice de precios y la caída del empleo registrado redujo la base de aportantes, erosionando los ingresos previsionales. La informalidad laboral nunca descendió del 33 % del total de la oferta de mano de obra. Los datos indican que, pese a los incentivos, la tasa se mantuvo alrededor de un tercio a lo largo de la década, sin lograr la reducción esperada. En paralelo, la tasa de desempleo mostró variaciones pero sin una tendencia clara de descenso sostenido. Los indicadores reflejan altibajos que coinciden con los cambios de política, sin que ninguno de los regímenes haya logrado una caída estructural del desempleo. Desde 2017, el impuesto a los débitos y créditos bancarios se destina íntegramente a ANSES. El gobierno actual estudia usar parte de esos fondos para sanear el mercado crediticio, una medida que, según expertos, debería formalizarse mediante una ley para evitar incertidumbre. En los años noventa, el decreto 814/01 y la reforma de Cavallo permitieron computar las contribuciones patronales como crédito fiscal del IVA. La privatización del sistema previsional en 1994 trasladó a la AFIP la recaudación y administración de los fondos, generando demoras y discrecionalidad en los pagos a obras sociales, lo que agravó el desfinanciamiento. La ley 26.476 de 2008 introdujo un blanqueo laboral que condonaba deudas y multas a empresas que regularizaban hasta diez empleados, sumando beneficios de reducción de cargas a nuevas contrataciones. Sin embargo, estudios del Ministerio de Trabajo mostraron que la tasa de empleo no registrado se mantuvo en torno al 36‑38 % pese a esas medidas, al igual que la ley 26.940 de 2014 que reducía un 50 % las contribuciones para pequeños empleadores. La reforma tributaria de 2018 (ley 27.430) estableció un mínimo no imponible previsional que comenzó en $2.400 y alcanzó $7.003,68 por trabajador en 2022, con excepciones que permiten deducciones de hasta $17.509,20 en sectores críticos. Estas reducciones han aliviado la carga para las empresas, pero no han generado un aumento significativo del empleo formal ni una caída de la informalidad.
¿Cuál fue la evolución de la recaudación de la seguridad social respecto a la inflación?
En cada uno de los tres períodos analizados la recaudación quedó por debajo del índice de precios, reflejando salarios reales estancados y menor número de aportantes.
¿Qué efectos tuvieron los regímenes de reducción de cargas sociales en la informalidad?
A pesar de las reducciones de cargas y los blanqueos laborales, la tasa de empleo informal se mantuvo alrededor del 36‑38 % de la oferta laboral, sin una caída sostenida.