Rutas 22 y 151 paralizadas y tensiones políticas marcan la campaña en Río Negro

El debate sobre la ampliación de las rutas nacionales 22 y 151 se ha convertido en el eje central de la contienda política en Río Negro. La solicitud de Argentina LNG, consorcio liderado por YPF, para adherir al proyecto RIGI de US$ 51.000 millones puso de manifiesto que la infraestructura existente no puede sostener el movimiento económico que el proyecto generará, ni el transporte de combustibles ni el traslado de arenas para fracking. Ambas rutas presentan tramos prácticamente intransitables, una situación que, según fuentes provinciales, se agravó cuando el gobierno nacional suspendió la obra pública bajo una política de déficit cero. La ampliación de la Ruta 22, ya retrasada en varios kilómetros, se detuvo completamente, generando malestar entre los usuarios y la comunidad empresarial. El gobernador Alberto Weretilneck respondió a la presión diciendo que el presidente Javier Milei no tiene rival que lo pueda vencer en las próximas elecciones, pero también señaló la necesidad de una definición nacional sobre la gestión de esas vías. Mientras tanto, la provincia anunció que, ante la inactividad federal, tomará el control de ambas rutas, y sostuvo que el Estado nacional está demorando una decisión definitiva. El senador nacional Enzo Fullone, encargado de la cartera de obras, acusó al gobierno provincial de un discurso que no coincide con sus acciones, mientras que el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, criticó la falta de fondos para el mantenimiento. La discusión llegó al foro energético de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Buenos Aires, donde los reclamos de ambos lados se hicieron presentes. Un punto crítico adicional es el fideicomiso destinado al mantenimiento de rutas, alimentado por el impuesto a los combustibles, que según informes está subejecutado. El dinero no utilizado se suma al superávit fiscal del gobierno nacional, lo que intensifica la crítica de los gobiernos locales que exigen una mayor inversión en la provincia. En el frente electoral, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, precandidata peronista a la gobernación, pidió la transferencia de la gestión de las rutas a la provincia y priorizó el mantenimiento sobre otras demandas municipales. En su reciente acto de campaña, Soria criticó abiertamente a Aníbal Tortoriello, referente de La Libertad Avanza, como el único que ya se ha lanzado a la contienda gubernamental. El próximo 1 de noviembre se realizará la elección de convencionales que modificarán la Carta Orgánica de Bariloche, una prueba electoral anticipada. Juntos Somos Río Negro y La Libertad Avanza ya movilizan sus fuerzas en la ciudad cordillerana; el oficialismo provincial se alió con el intendente Walter Cortés, mientras los libertarios pactaron con el PRO y grupos menores. El Partido Justicialista, por su parte, ha decidido reservar su ofensiva para la selección del candidato a vicepresidente de Soria, buscando una fórmula que recorra toda la zona andina. Aunque los partidos repitan que la campaña “no empezó”, los conflictos sobre rutas y financiación pública demuestran que la disputa está lejos de estar en pausa, y que la agenda de infraestructura será decisiva en la carrera por la gobernación.

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