PASO, proceso contra el juez Alfredo López y la posible clausura del Instituto Vicente López en el foco nacional

La institucionalidad argentina está en jaque. El debate sobre la vigencia de las PASO, el proceso de enjuiciamiento del juez federal Alfredo López y la amenaza de cierre del Instituto Cristiano Vicente López confluyen en una misma agenda. ¿Qué sentido tiene que los ciudadanos paguen el sufragio si no son parte de la organización interna de los partidos? Las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, son el mecanismo interno que obliga a los partidos a elegir a sus candidatos con participación de afiliados y recursos propios, sin uso de fondos públicos. El oficialismo dedica tiempo y recursos a intentar excluir las PASO del calendario electoral, mientras la oposición insiste en mantenerlas. El argumento del presidente Milei de que su continuidad favorecería a la oposición es calificado de ridículo. La acusación contra el juez federal Alfredo López, titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, ha generado un proceso de destitución tras denuncias de la DAIA, el Foro Argentino contra el Antisemitismo y la Fundación Apolo por supuestos mensajes antisemitas publicados en su cuenta privada de X. No se presentaron denuncias penales; la acusación se canalizó ante el Consejo de la Magistratura. El proceso ha sido cuestionado por la falta de garantías de defensa. La defensa, que lleva un año representando al juez, solo pudo presentar pruebas de cargo, sin oportunidad de producir pruebas de descargo ni de presentar disidencia de un consejero para remitir el caso a la Comisión de Disciplina. La acusación extrajo 17 mensajes de una conversación que involucró a cientos de usuarios, muchos de los cuales no fueron autores del contenido atribuido al magistrado. ¿Qué pasó con la libertad de expresión? A lo largo de más de cuatro décadas, el juez López ha dictado sentencias emblemáticas, como la que anuló el corralito, la que reguló el aborto y la que impuso la vacunación obligatoria de menores durante la pandemia. En su defensa, él mismo admitió haber sido imprudente al responder ofensas en la red, pero sostuvo que su intención era ejercer la libertad de expresión, no incitar al antisemitismo. Tenés que considerar la intención detrás de las palabras. El Instituto Cristiano Vicente López, con 171 alumnos y 39 estudiantes con discapacidad, enfrenta la posible clausura el 30 de diciembre de 2026 por la falta de subsidios estatales. La escuela solicitó en noviembre de 2025 la extensión de la subvención a los niveles primario y secundario, pero aún no recibió respuesta. La disminución de la matrícula en el nivel inicial, vinculada a la caída de la natalidad, y los atrasos en el pago de cuotas por la crisis económica de las familias agravan la situación. El cierre de la institución no representa solo la pérdida de un edificio, sino la desaparición de un espacio inclusivo que ha acompañado a varias generaciones. Docentes, alumnos y padres advierten que la falta de recursos estatales pone en riesgo la continuidad de una propuesta educativa que atiende a niños con altas capacidades y a quienes presentan diagnósticos de salud y aprendizaje. ¿Qué va a pasar con esos chicos? Ambos escenarios, políticos y educativos, ponen de relieve la tensión entre la necesidad de respetar procesos institucionales y la urgencia de garantizar derechos fundamentales, sea el voto, la defensa judicial o la educación inclusiva. La institucionalidad argentina se juega mucho en estos debates. No podés ignorar la gravedad de la situación.

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