Córdoba prepara la rebaja de la edad de imputabilidad a 14 años y amplía derechos de las víctimas

La Cámara de Diputados de Córdoba se dispone a discutir un proyecto que busca modificar la norma provincial 11.035, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. ¿Qué implica esto para los jóvenes en conflicto con la ley? La medida se alinea con la Ley Nacional Nº 27.801, que introdujo el nuevo Régimen Penal Juvenil, y posiciona a la provincia a la vanguardia de la armonización normativa antes de la entrada en vigor plena del marco federal en septiembre. Juan Manuel Llamosas, titular de la comisión de Seguridad, anunció que el debate formal arrancará junto a la comisión de Niñez. “Este proyecto tomó estado parlamentario tras meses de labor y es una base muy sólida que nos permitirá avanzar en las próximas semanas”, afirmó el oficialista. Pero, ¿qué hay detrás de esta iniciativa? El anteproyecto surge de una mesa interinstitucional donde participaron el Poder Judicial, la Fiscalía General, la Defensa Pública, la Secretaría de Niñez y Adolescencia (SENAF), la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, académicos y representantes de distintos bloques políticos. Ese amplio consenso técnico respalda la propuesta y facilita su tramitación parlamentaria. La legisladora radical Brenda Austin destacó la importancia de la ejecución territorial y subrayó que la iniciativa cuenta con el aval de expertos que tratan diariamente la problemática de jóvenes en conflicto con la ley penal. “El cambio nacional obliga a Córdoba a prepararse, a contar con una buena ley y a garantizar que la SENAF tenga los recursos necesarios para intervenir”, señaló. El proyecto incorpora la llamada “Ley Joaquín”, que les asegura asistencia jurídica gratuita, información en lenguaje claro y la posibilidad de ser escuchadas en decisiones clave, como la concesión de salidas transitorias o la suspensión de medidas cautelares. También refuerza el principio de que la privación de la libertad debe ser la última opción. Limita la pena máxima al rango de tentativa, reduciendo la sanción del delito consumado a entre un tercio y la mitad de la escala tradicional. Además, institucionaliza alternativas como el acompañamiento comunitario, reglas de conducta en territorio, mediación penal, dispositivos de monitoreo remoto y pautas de conexidad cuando participen adultos y menores. Tenés que considerar que la iniciativa, respaldada por un amplio consenso político e institucional, marca un paso significativo en la reforma del sistema penal juvenil a nivel provincial. El proyecto de 29 artículos seguirá su recorrido legislativo y se espera que sea tratado en el recinto el próximo 26 de agosto. ¿Qué pasará entonces? Solo el tiempo lo dirá.

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